El Consejo del Poder Judicial (CPJ) rechaza cualquier acción que atente contra la independencia judicial y pretenda usurpar sus facultades exclusivas de administración y disciplina.
El pronunciamiento surge como respuesta directa a las citaciones instrumentadas mediante los autos núm. 150/2026 y 028/2026 emitidos por el Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), los cuales pretendían emplazar a comparecer a jueces en ejercicio ante dicha jurisdicción gremial.
El Consejo presidido por Henry Molina considera que, según la Constitución de la República y la Ley núm. 28-11 (Orgánica del CPJ), el control disciplinario de los integrantes del Poder Judicial le corresponde única y exclusivamente a este Consejo.
Advirtió que el Colegio de Abogados no tiene calidad legal para someter a los magistrados. Sostiene que la Ley núm. 3-19, regula los servicios jurídicos de los abogados en ejercicio, pero no es aplicable a quienes ejercen la función jurisdiccional.
Incompatibilidad de funciones
Indica que el estatuto de la carrera judicial prohíbe expresamente a los jueces el ejercicio profesional de la abogacía (conforme al párrafo I del artículo 44 de la Ley núm. 327-98). Por lo tanto, no pueden ser juzgados por un tribunal gremial de abogados.
Señala que la independencia judicial constituye una garantía esencial del Estado de derecho.
“No es un privilegio de los jueces, sino una protección para toda persona que acude a los tribunales». Advierte que cualquier actuación de órganos ajenos al Poder Judicial es incompatible con el ordenamiento jurídico vigente.
El Consejo del Poder Judicial exhortó a que toda actuación relacionada con los jueces observe estrictamente el marco constitucional y se canalice por las vías institucionales.
Asimismo, dijo que se reserva la facultad de ejercer las acciones legales y constitucionales necesarias en el momento oportuno para salvaguardar la integridad del sistema de justicia dominicano y frenar cualquier injerencia externa.
