De cada RD$100 que proyecta recaudar el Estado en 2027 a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), RD$84.3 ya estarían comprometidos para el pago de intereses de la deuda y las asignaciones a educación y salud, una restricción que limita la disponibilidad de recursos para atender otras necesidades, entre ellas las soluciones habitacionales.
Así lo explicó Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), durante el Seminario Vivienda y Hábitat celebrado el pasado 30 de octubre en el hotel Catalonia, donde presentó un panorama de la evolución del gasto público destinado a vivienda y servicios comunitarios entre 2014 y 2025.
Jovine informó que el gasto devengado en esta función se multiplicó por 4.7 entre 2014 y 2025, al pasar de RD$9,678 millones a aproximadamente RD$45,349 millones. Sin embargo, aclaró que esta partida no comprende únicamente programas habitacionales o vivienda social, sino también inversiones en abastecimiento de agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
El experto explicó que el gasto devengado en la función de «vivienda y servicios comunitarios» pasó de 9,678 millones de pesos a aproximadamente (2014) a 45,000 millones de pesos al cierre de 2025.
Durante el panel “¿Dónde estamos cinco años después? Balance de la situación habitacional y los principales desafíos de las políticas públicas”, Jovine detalló que, entre 2021 y 2025, estos renglones representaron, en promedio, el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % registrado en el período anterior.
En 2021-2025, el sector recibió en promedio 6.7% del gasto social, frente a 4.9% en 2014-2020, según el economista.
El funcionario advirtió que las restricciones fiscales y el creciente peso del servicio de la deuda reducen el margen presupuestario para ampliar las intervenciones estatales en el aspecto de la vivienda.
Según explicó, de cada RD$100 proyectados de recaudación de la DGII para 2027, RD$31.5 se destinarían al pago de intereses de la deuda, RD$35 a educación y RD$17.8 a salud. El 15.7 restante correspondería al resto de instituciones e inversiones y gastos, incluyendo vivienda.
De cada RD$100 que recaude el Estado en 2027, 84.3% ya estará comprometido según esta distribución.
El economista argumentó además que “los ingresos internos están muy condicionados por la actual situación de conflictos geopolíticos internacionales”.
“Eso le pasa a República Dominicana y le pasa a toda América Latina, pero sobre todo a un país que es importador neto de hidrocarburos, eso le pasa factura; y eso nos está condicionando a las finanzas públicas hoy día y ese condicionamiento ejerce una presión en el déficit y a su vez eso significa que el financiamiento cada año y los intereses de la deuda absorben una mayor proporción del gasto público”, expresó Jovine.
Rafael Jovine durante el seminario «Vivienda y Hábitat en RD: Cinco años de Avances, Desafíos y Perspectivas».
El planteamiento fue presentado en el marco del «Seminario Vivienda y Hábitat», organizado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) como parte del proyecto «Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y desde una perspectiva de producción social del hábitat, fase III», una iniciativa ejecutada con el financiamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas para analizar la evolución de las políticas habitacionales en el país durante los últimos cinco años, así como los avances y desafíos que persisten en el acceso a una vivienda y un hábitat dignos.
Se contó con la participación de representantes de distintos sectores, entre ellos Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; así como también Joan Guerrero y Rafael Alejandro Morel, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas.
Desde la academia y las organizaciones sociales participaron Jenny Torres, investigadora especializada en pobreza, género y políticas públicas; Ana Moyano, doctora en Arquitectura e integrante del Centro Arcoíris; Patricia Gómez, trabajadora social del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba); y Pedro Hernández, sociólogo y director de Planificación de la Liga Municipal Dominicana.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, destacándose durante las discusiones la importancia de acompañar esta hoja de ruta con recursos presupuestarios suficientes, coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar sus resultados.
El debate también puso de relieve la necesidad de superar una visión de la política habitacional centrada exclusivamente en la construcción de viviendas e incorporar aspectos como la planificación territorial, el acceso a servicios, la seguridad jurídica y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
En ese sentido, se destacó que garantizar el derecho a una vivienda adecuada requiere construir soluciones de manera conjunta entre el Estado, los gobiernos locales, la academia, las organizaciones sociales y las comunidades, reconociendo especialmente a estas últimas como protagonistas en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que impactan sus condiciones de vida.
La actividad se realizó en vísperas del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre, cuyo lema de este año es «Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos».
De cada RD$100 que proyecta recaudar el Estado en 2027 a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), RD$84.3 ya estarían comprometidos para el pago de intereses de la deuda y las asignaciones a educación y salud, una restricción que limita la disponibilidad de recursos para atender otras necesidades, entre ellas las soluciones habitacionales.
Así lo explicó Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), durante el Seminario Vivienda y Hábitat celebrado el pasado 30 de octubre en el hotel Catalonia, donde presentó un panorama de la evolución del gasto público destinado a vivienda y servicios comunitarios entre 2014 y 2025.
Jovine informó que el gasto devengado en esta función se multiplicó por 4.7 entre 2014 y 2025, al pasar de RD$9,678 millones a aproximadamente RD$45,349 millones. Sin embargo, aclaró que esta partida no comprende únicamente programas habitacionales o vivienda social, sino también inversiones en abastecimiento de agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
El experto explicó que el gasto devengado en la función de «vivienda y servicios comunitarios» pasó de 9,678 millones de pesos a aproximadamente (2014) a 45,000 millones de pesos al cierre de 2025.
Durante el panel “¿Dónde estamos cinco años después? Balance de la situación habitacional y los principales desafíos de las políticas públicas”, Jovine detalló que, entre 2021 y 2025, estos renglones representaron, en promedio, el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % registrado en el período anterior.
En 2021-2025, el sector recibió en promedio 6.7% del gasto social, frente a 4.9% en 2014-2020, según el economista.
El funcionario advirtió que las restricciones fiscales y el creciente peso del servicio de la deuda reducen el margen presupuestario para ampliar las intervenciones estatales en el aspecto de la vivienda.
Según explicó, de cada RD$100 proyectados de recaudación de la DGII para 2027, RD$31.5 se destinarían al pago de intereses de la deuda, RD$35 a educación y RD$17.8 a salud. El 15.7 restante correspondería al resto de instituciones e inversiones y gastos, incluyendo vivienda.
De cada RD$100 que recaude el Estado en 2027, 84.3% ya estará comprometido según esta distribución.
El economista argumentó además que “los ingresos internos están muy condicionados por la actual situación de conflictos geopolíticos internacionales”.
“Eso le pasa a República Dominicana y le pasa a toda América Latina, pero sobre todo a un país que es importador neto de hidrocarburos, eso le pasa factura; y eso nos está condicionando a las finanzas públicas hoy día y ese condicionamiento ejerce una presión en el déficit y a su vez eso significa que el financiamiento cada año y los intereses de la deuda absorben una mayor proporción del gasto público”, expresó Jovine.
Rafael Jovine durante el seminario «Vivienda y Hábitat en RD: Cinco años de Avances, Desafíos y Perspectivas».
El planteamiento fue presentado en el marco del «Seminario Vivienda y Hábitat», organizado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) como parte del proyecto «Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y desde una perspectiva de producción social del hábitat, fase III», una iniciativa ejecutada con el financiamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas para analizar la evolución de las políticas habitacionales en el país durante los últimos cinco años, así como los avances y desafíos que persisten en el acceso a una vivienda y un hábitat dignos.
Se contó con la participación de representantes de distintos sectores, entre ellos Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; así como también Joan Guerrero y Rafael Alejandro Morel, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas.
Desde la academia y las organizaciones sociales participaron Jenny Torres, investigadora especializada en pobreza, género y políticas públicas; Ana Moyano, doctora en Arquitectura e integrante del Centro Arcoíris; Patricia Gómez, trabajadora social del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba); y Pedro Hernández, sociólogo y director de Planificación de la Liga Municipal Dominicana.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, destacándose durante las discusiones la importancia de acompañar esta hoja de ruta con recursos presupuestarios suficientes, coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar sus resultados.
El debate también puso de relieve la necesidad de superar una visión de la política habitacional centrada exclusivamente en la construcción de viviendas e incorporar aspectos como la planificación territorial, el acceso a servicios, la seguridad jurídica y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
En ese sentido, se destacó que garantizar el derecho a una vivienda adecuada requiere construir soluciones de manera conjunta entre el Estado, los gobiernos locales, la academia, las organizaciones sociales y las comunidades, reconociendo especialmente a estas últimas como protagonistas en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que impactan sus condiciones de vida.
La actividad se realizó en vísperas del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre, cuyo lema de este año es «Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos».
