El Poder Ejecutivo formalizó una ofensiva contra las agresiones ecológicas mediante la emisión de un decreto. La medida, presentada por el presidente Luis Abinader el miércoles, declara de alta prioridad estratégica el combate contra el terrorismo medioambiental.
Sin embargo, la acción ejecutiva coincide con un prolongado estancamiento legislativo en el Congreso, donde, a pesar de contar con una mayoría oficialista que facilitaría las aprobaciones, varios proyectos que buscan la protección ecológica permanecen congeladas desde 2025 sin lograr su aprobación definitiva.
El Congreso mantiene estancado un paquete de cuatro proyectos de ley específicos depositados por la diputada Llaniris Espinal. Sus propuestas buscan dotar al país de un andamiaje legal permanente, financiamiento garantizado y tipificaciones penales que el decreto actual no abarca.
Uno de los proyectos atrapados desde hace más de un año en la Cámara de Diputados propone incorporar al ordenamiento jurídico el delito de ecocidio, definido como el daño grave, extenso o duradero contra la biodiversidad y los ecosistemas.
La propuesta establece penas de 10 a 20 años de prisión y extiende la responsabilidad penal directa a las empresas y corporaciones mercantiles, permitiendo a los tribunales ordenar la clausura definitiva de las empresas infractoras, su disolución comercial y la confiscación de su patrimonio mediante la Ley de Extinción de Dominio.
