La Administración de Donald Trump confirmó anoche, en un comunicado, lo que describe como la “privatización” del sector de hidrocarburos de Venezuela. El pacto, anunciado por el presidente tres días antes como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, entrega por un siglo 17 campos —con unas 65.000 millones de barriles en reservas— a North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del empresario venezolano Alejandro Betancourt, investigado en Suiza y España por un supuesto esquema de lavado de fondos de PDVSA.
Según Washington, NABEP se asocia con el Gobierno de Estados Unidos. El Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, se queda con el 35 % de la matriz de la compañía. El Departamento de Estado tendrá derecho a comprar el 20 % de la producción a precio de costo y primera opción sobre el 80 % restante, para reponer la reserva estratégica —en su nivel más bajo en cuatro décadas— y para usos militares u otros considerados sensibles. Washington también se reserva el veto sobre el consejo de administración: la mayoría de sus miembros deberá ser estadounidense. El contrato queda sometido a tribunales y ley de Estados Unidos; las concesiones, a la nueva ley de hidrocarburos venezolana.
La Casa Blanca dice que NABEP invertirá hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura y que en los primeros 25 años pagará cerca de 200.000 millones en regalías e impuestos (Delcy Rodríguez habló de 209.000 millones). Esos ingresos, sostiene, servirán para la reconstrucción y el gasto social del gobierno interino y de los que vengan después. Presenta el acuerdo como pieza de la “Doctrina Donroe”: recuperar influencia en el hemisferio y desplazar a Rusia, China y a lo que llama “oligarcas corruptos” ligados al chavismo, que habrían controlado esos campos en la Faja del Orinoco y el lago Maracaibo.
El comunicado añade que Estados Unidos ha impulsado un proceso de “reconciliación” con parte de la oposición, con reformas judiciales y la liberación de cientos de presos políticos.
El plan, sin embargo, genera más preguntas que certezas. Recuperar la industria venezolana no será cuestión de meses. Un gobierno distinto en Caracas podría desconocer el pacto. Y la figura de Betancourt —dueño de la concesionaria y bajo investigación judicial— añade una sombra que el triunfalismo oficial no disipa. En Venezuela, chavistas y opositores coinciden en una crítica: el arreglo parece un traspaso de recursos nacionales con el sello del siglo XIX, aceptado por un gobierno interino que, para sostenerse, no puede decir que no a Washington.
