En la base de la Dirección General de Migración (DGM) aún figuraban miles de registros de alertas e impedimentos de salida sin respaldo judicial, pese a que Miriam Germán Brito aseguró en 2021 que instruyo para eliminarlos y a que el Tribunal Constitucional (TC) estableció en 2022 que ninguna autoridad podía restringir la libre circulación de un ciudadano sin orden judicial. Cuatro años después al fin se cumple esta disposición.
Recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) y la DGM informaron que retiraron 56,140 controles de una base con registros acumulados entre 1990 y 2026. El comunicado admite que miles de expedientes cuyo propósito ya se había cumplido permanecían en el sistema y afectaban el libre tránsito de ciudadanos.
En 2021, Germán Brito aseguró que la Procuraduría «tomó las medidas necesarias para evitar las ´alertas migratorias´ colocadas por los órganos de persecución del Ministerio Público«. Sus declaraciones, recogidas en una nota de prensa oficial, surgieron después de que el Ministerio Público impidiera salir del país al exprocurador Jean Alain Rodríguez sin una orden judicial.
Rodríguez permaneció en el país y, posteriormente, un juez le impuso prisión preventiva como medida de coerción. inicial.
