Santo Domingo.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez, afirmó que defender el debido proceso no significa proteger la impunidad, sino defender la Constitución, la dignidad humana como valor supremo y el sentido mismo de la justicia.
Así se manifestó durante la apertura del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, un espacio de encuentro y reflexión que este año reunió a más de 30 expertos nacionales y 17 internacionales procedentes de Alemania, Estados Unidos, España, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Colombia y Perú.
Esta edición estuvo dedicada al “Debido proceso constitucional en materia penal”, considerado un pilar esencial del Estado de derecho.
Durante su intervención, el magistrado recalcó que la persecución del delito, la seguridad ciudadana y la eficacia de la justicia no pueden lograrse sacrificando las garantías constitucionales. Al mismo tiempo, llamó a enfrentar desafíos como la mora judicial, el populismo penal, la criminalidad organizada, los delitos informáticos y el uso de la inteligencia artificial.
El magistrado Estévez citó al jurista italiano Luigi Ferrajoli para recordar que las garantías constituyen límites y condiciones al poder punitivo del Estado.
Explicó que, en el ordenamiento jurídico dominicano, estos principios están asentados en el artículo 69 de la Constitución, que consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Asimismo, el artículo 40 establece la protección de la libertad y la seguridad personal, principios que exigen que la privación de libertad sea excepcional, esté sometida a un estricto control judicial y responda a criterios de proporcionalidad.
Recalcó que garantizar el debido proceso no es promover la impunidad, sino limitar el poder del Estado y proteger la dignidad humana.
Precedentes e impacto en la reforma penal
El magistrado subrayó que 2024 fue un año determinante para la jurisprudencia constitucional en materia procesal penal. Destacó sentencias relacionadas con áreas críticas como el recurso de revisión contra decisiones de hábeas corpus, los límites del Ministerio Público respecto de la reserva de la carpeta fiscal, la notificación obligatoria de las sentencias al defensor del imputado y la presencia del abogado en las actividades probatorias.
Sostuvo que esta labor jurisprudencial influyó directamente en la reforma integral del Código Procesal Penal, modificado mediante la Ley 97-25, aprobada en diciembre pasado tras la exhortación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0765/24.
Estévez destacó, además, los avances de la reciente reforma al Código Procesal Penal, que incorporó precedentes clave del Tribunal Constitucional para frenar vicios como la mora judicial y las arbitrariedades en la privación de libertad.
Asimismo, calificó este proceso como una muestra de “justicia dialógica” entre el Congreso Nacional y la Alta Corte.
Estévez enfatizó que el debido proceso protege tanto los derechos del imputado como los de las víctimas y de la sociedad.
El presidente del TC dedicó, además, un homenaje póstumo al jurista Robert Alexy, de quien destacó su enseñanza sobre cómo el ejercicio del poder jurídico exige razones capaces de justificar las decisiones y hacerlas compatibles con los derechos fundamentales.
En ese sentido, reiteró que el respeto al debido proceso constituye una garantía esencial para fortalecer el Estado de derecho, preservar la dignidad humana y asegurar que la persecución penal se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución.
La actividad se celebró durante tres días de la pasada semana en el Hotel Jaragua, donde juristas nacionales e internacionales participaron en las jornadas de análisis y discusión sobre el debido proceso constitucional en materia penal.
