Escribo estas líneas desde una convicción que guía mi vida profesional y ciudadana: me opongo radicalmente a la muerte como respuesta estatal. La Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte, y nuestro sistema jurídico penal exige el debido proceso, la investigación rigurosa y sanciones proporcionales al daño social, sin importar la posición económica o política del infractor. Sin embargo, vivimos un momento en el que la muerte parece haberse convertido en un mecanismo informal de “control social”, celebrado por sectores que deberían defender la legalidad y la dignidad humana.
La letalidad policial: cifras que alarman
Los informes oficiales de criminalidad de la Policía Nacional revelan que entre enero y julio de 2026 murieron 145 personas clasificadas como “acción legal”. Otros reportes confirman 142 abatidos solo en el primer semestre, un aumento del 16.4 % respecto a 2025. Diario Libre documenta 146 muertos al cierre de junio. Evolución enero–junio 2026: Enero: 19 Febrero: 17 Marzo: 21 Abril: 25 Mayo: 35 Junio: 24
La curva es ascendente y preocupante. Todo esto ocurre en un país donde la Ley 590‑16 establece que la fuerza letal debe ser última opción.
Casos que cuestionan la versión oficial Videos difundidos en La Vega muestran a agentes disparando contra un ciudadano con las manos levantadas. Otro caso, en abril, muestra a un agente disparando a un prófugo haitiano sin riesgo para su vida. Estos hechos alimentan la preocupación de que muchas muertes no son “intercambios de disparos”, sino ejecuciones extrajudiciales.
La corrupción estatal: el otro rostro de la violencia Mientras jóvenes pobres mueren en operativos, redes criminales dentro del Estado sustraen millones sin enfrentar consecuencias equivalentes. Caso SENASA (2024–2026): fraude de RD$41,125,551.02 mediante 4,363 autorizaciones falsas. Operación SeNaSa 2.0‑A: 28 arrestados, perjuicio preliminar de RD$40 millones. Operación Cobra 2.0‑A: 37 allanamientos, 28 arrestados, delitos de coalición de funcionarios, estafa, desfalco y lavado.
Mientras la Policía mata 146 jóvenes en seis meses, ningún corrupto ha recibido una condena firme.
¿Qué hace más daño a la sociedad?
El crimen común:
- Afecta a ciudadanos vulnerables
- Genera miedo y deterioro comunitario
- Trunca vidas y oportunidades
El crimen de cuello blanco:
- Sustrae recursos destinados a salud, educación y servicios básicos
- Afecta a millones simultáneamente
- Debilita la confianza en el Estado
- Reproduce desigualdad estructural
- No recibe sanciones proporcionales
El crimen común afecta a individuos; la corrupción afecta a toda la nación.
Causas sociales ignoradas La violencia policial no resuelve las causas que llevan a jóvenes a delinquir. Entre ellas: Desigualdad social y territorial Falta de oportunidades laborales, Educación, política inexistente, Cultura de consumo y “vida fácil” Ausencia de políticas públicas para juventud en riesgo, Familias vulnerables sin apoyo Estatal,Influencia del narcotráfico y redes criminales. Sin políticas públicas integrales, la violencia estatal solo reproduce el ciclo.
El peligro de la narrativa mediática: Lo más alarmante es la celebración pública de la muerte: comunicadores y académicos que aplauden que “le den para abajo”. Esta narrativa: Normaliza la ejecución extrajudicial, Deshumaniza a jóvenes pobres, Incentiva a la Policía a actuar fuera de la ley, Abre la puerta a que cualquier ciudadano pueda ser víctima, Convierte a la Policía en un actor de violencia, no de seguridad
Conclusión: la vida no puede ser negociable. La República Dominicana vive una contradicción peligrosa: Se celebra la muerte de jóvenes pobres sin investigar si hubo abuso policial. Se tolera la corrupción millonaria sin condenas ejemplares.
Como ciudadano y profesional del derecho sostengo que: La vida es inviolable, El debido proceso es irrenunciable. La justicia debe ser proporcional y sin privilegios, La corrupción debe recibir sanciones tan severas como el crimen violento, La Policía debe ser reformada para garantizar derechos, no para violarlos
LA MUERTE NO PUEDE SER POLÍTICA PÚBLICA. LA JUSTICIA SÍ.
