El gobierno británico analizaba este miércoles si apelar un fallo judicial que bloquea el alojamiento de solicitantes de asilo en un hotel convertido en punto de tensión, mientras se apresuraba a elaborar planes de contingencia.
El gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer se preparaba para nuevos litigios de parte de las autoridades locales tras la orden emitida el martes, que le ha supuesto un importante dolor de cabeza político y logístico.
La autoridad local pidió la orden después de varias semanas de protestas frente al hotel, algunas de las cuales se tornaron violentas. Las manifestaciones estallaron tras la imputación de un residente acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años.
Golpe para la política migratoria de Starmer
El fallo del Tribunal Superior es una medida cautelar que afecta a ese hotel de Epping, gobernada por los conservadores. Pero también supone un golpe para la política migratoria de Starmer, ya que sienta un precedente para que ayuntamientos de toda Inglaterra emprendan acciones legales con el fin de expulsar a solicitantes de asilo de los hoteles en sus zonas.
La reacción no se hizo esperar: Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform, anunció que llevará al gobierno a los tribunales en los doce ayuntamientos bajo su control para prohibir este tipo de alojamientos subvencionados con fondos públicos. Reform fue el gran vencedor de las elecciones locales del año pasado.
Farage aseguró que la población está preocupada por la amenaza que representan los jóvenes indocumentados alojados en estos establecimientos. El trasfondo es la creciente estigmatización de los hoteles como focos de delincuencia y la desinformación alimentada por la extrema derecha.
Actualmente, más de 32.000 solicitantes de asilo viven en hoteles —un 30% del total— y el gobierno carece de espacios alternativos. A ello se suma el aumento constante de llegadas de personas sin papeles que piden protección, lo que incrementa el malestar de parte de la población.
