SANTO DOMINGO.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ordenó la conducencia de la fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, por no comparecer a una audiencia pública de revisión de sentencia de amparo, pese a estar debidamente citada.
La orden de conducencia será notificada a la procuradora general de la República para que disponga su ejecución y se garantice la presencia de la fiscal ante el Pleno del Tribunal Constitucional.
El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, dispuso que Rodríguez sea presentada ante la sede de esa alta corte el próximo viernes 30 de octubre, fecha en que será conocido el caso en el que figura como parte recurrente.
La decisión fue adoptada luego de que el proceso estuviera pautado para audiencia este lunes 26 de octubre y la representante del Ministerio Público no compareciera ni presentara excusa por su ausencia.
El proceso corresponde al expediente TC-05-2023-0240, relacionado con la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Esa decisión fue recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo ante el TC.
Durante la audiencia estuvieron presentes, además, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
La conducencia es una medida mediante la cual se procura garantizar la comparecencia de una persona ante la autoridad correspondiente cuando, pese a haber sido debidamente citada, no se presenta y su presencia resulta necesaria para el conocimiento de una actuación judicial.
El Tribunal Constitucional, como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, tiene entre sus atribuciones conocer los recursos de revisión interpuestos contra decisiones dictadas en materia de amparo, además de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
