La reciente aprobación por parte del Senado de Estados Unidos, el 1 de julio de 2025, de un impuesto del 1% sobre las remesas en efectivo enviadas al extranjero ha generado preocupación en la República Dominicana, un país donde estos flujos financieros son un pilar fundamental de la economía. Representando entre el 7% y el 11% del PIB y sosteniendo a más de 400,000 hogares, las remesas, especialmente las provenientes de EE.UU. (que constituyen el 82.7% de los US$10,756 millones recibidos en 2024), son esenciales para el consumo, la estabilidad cambiaria y el bienestar de muchas familias. Aunque el impacto de este gravamen parece moderado, sus implicaciones merecen un análisis objetivo para entender sus efectos y los retos que plantea.
En primer lugar, el impuesto incrementará los costos de envío para las transferencias en efectivo, que ya enfrentan tarifas de entre el 5% y el 10% en servicios como Western Union. Dado que estas transferencias representan menos del 10% del total de remesas (el 90% son electrónicas y están exentas), el impacto macroeconómico podría limitarse a una reducción de entre US$10 y US$20 millones anuales, según estimaciones basadas en una disminución de envíos del 1-1.6% por cada punto porcentual de costo adicional. Aunque esto equivale a menos del 0.2% del PIB, no es insignificante, ya que las remesas son clave para las reservas de divisas, que estabilizan el tipo de cambio y la inflación.
Sin embargo, el efecto más tangible se sentirá en los hogares, particularmente los de menores ingresos. Las remesas son una fuente vital para gastos esenciales como alimentación, salud y educación, y en muchos casos representan hasta el 80% de los ingresos de familias vulnerables. El aumento en los costos podría reducir el monto neto recibido, afectando el consumo, que es un motor crucial de la economía dominicana. Además, los migrantes de bajos ingresos, quienes dependen de canales físicos por limitaciones legales o tecnológicas, serán los más afectados, lo que podría desincentivar los envíos o empujarlos hacia métodos informales, reduciendo la transparencia y aumentando riesgos.
Este gravamen también pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economía dominicana a factores externos. Junto al turismo y las exportaciones, las remesas son un pilar estructural, pero su dependencia subraya la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la economía interna. La reacción de las autoridades, como lo expresó Julio Virgilio Brache al abogar por negociaciones para mitigar el impacto, refleja la urgencia de proteger este flujo vital. Aunque el impuesto del 1% es menos severo que las propuestas iniciales del 3.5% o 5%, su implementación destaca la importancia de políticas que promuevan la inclusión financiera y reduzcan los costos de envío, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
En conclusión, el impuesto del 1% a las remesas tendrá un impacto limitado pero significativo en la República Dominicana, afectando principalmente a los hogares más pobres y reforzando la necesidad de resiliencia económica. Si bien las negociaciones internacionales pueden aliviar la carga, el país debe apostar por estrategias a largo plazo que reduzcan su dependencia de las remesas y fortalezcan su capacidad interna para enfrentar desafíos globales. La situación invita a un debate equilibrado sobre cómo equilibrar las necesidades de los migrantes y sus familias con las políticas fiscales de los países emisores, sin perder de vista el bienestar colectivo.
