La atención a la educación es hoy el centro de la agenda nacional de políticas públicas. El Estado dominicano asumió como prioridad el mejoramiento de la educación inicial, básica y secundaria, haciendo inversiones importantes equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
A partir del 1992, con la puesta en marcha del primer Plan Decenal de Educación, se focalizaron una serie de planes y proyectos sectoriales que han producido una ostensible mejoría en la cantidad y calidad de la oferta escolar preuniversitaria. A tono con esto, el país exhibe como un gran logro social que ni un solo niño o niña se queda fuera del sistema escolar por falta de aulas o maestros y que el 92% de los profesores posea titulación universitaria.
Otro logro altamente positivo es que los salarios de los docentes han sido aumentados y se afianza, a partir de incentivos, la dignificación de la carrera docente.
Hoy en República Dominicana abundan la implementación de recursos y medios tecnológicos en los procesos áulicos y se sigue mejorando la infraestructura escolar, pero persisten rezagos en materia de calidad de la oferta académica.
La gran cenicienta es la educación universitaria, la cual debió seguir sosteniéndose privadamente a través del pago de tarifas y/o esporádicas ayudas oficiales, exceptuando las instituciones de educación superior de carácter estatal –como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), una dependencia del Ministerio de Educación.
El financiamiento de la educación superior es mixto, porque la mayoría de los establecimientos postsecundarios son empresas privadas, generalmente beneficiadas con la exoneración impositiva al ampararse en la Ley 122-05 de instituciones sin fines de lucro. Asimismo, las IES privadas reciben “subrepticias” subvenciones gubernamentales, el patrocinio de programas formativos y la construcción de infraestructuras millonarias.
Las instituciones de educación superior de carácter público, especialmente la UASD y sus diecinueve recintos, centros y subcentros en todo el país, más el ISFODOSU y sus seis recintos especializados en la capacitación magisterial, rinden una labor fundamental en la formación de recursos humanos en la geografía nacional. Pero el patrocino es escaso, insuficiente, razón por la cual, en el caso de la UASD, navega administrativamente con grandes déficits.
En sentido general, en materia de educación superior, el país presenta serios atrasos, en gran medida relacionados con el exiguo financiamiento.
La educación universitaria, aupada desde el Estado, históricamente recibe un escaso patrocinio. En el año 2002, fue de apenas un 2.76% del PIB; en el 2012 el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) recibió un presupuesto de RD$7,789.5 millones, de los que debió transferir RD$5,586.4 millones (71% del total) a ocho instituciones, entre ellas la sede y extensiones de la UASD y en el 2016, se destinan apenas RD$ 11,814.8, equivalente al 7.5% del presupuesto de la República, los cuales se subdividen entre la UASD y los programas de becas que auspicia el MESCYT.
Con esta exigua inversión es limitada la atención a la educación postsecundaria y por tanto, resulta muy difícil elevar la competitividad de nuestro sistema universitario.
Nuestras universidades tienen un carácter marcadamente docentistas, donde las funciones sustantivas de investigación y extensión no se cumplen. No habrá desarrollo nacional sin investigación e innovación.
El autor es profesor UASD
