Un proyecto de ley de seguridad fronteriza que prevé la financiación de la construcción de un muro entre EE.UU. y México, ya tiene el apoyo del Congreso estadounidense, informa Reuters.
Producto de casi tres semanas de conversaciones, la normativa, que proporciona casi 1.400 millones de dólares para nuevas barreras a lo largo del límite fronterizo, fue respaldada este jueves por la Cámara de Representantes, poco después de que el Senado también aprobara la iniciativa.
El proyecto fue apoyado por 300 miembros de la Cámara Baja del Congreso, mientras que otros 128 se opusieron a la propuesta.
Trabajadores y oficiales de la patrulla fronteriza de los EE. UU. están parados junto a una excavadora de la nueva valla en El Paso, Texas, el 5 de febrero. 2019.¿Valla en vez de muro?: Legisladores de EE.UU. llegan a un acuerdo para evitar el segundo cierre del Gobierno
Para que el documento sea válido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe firmarlo antes de que termine este viernes, ya que el Gobierno aceptó un plan para financiar las actividades del Congreso hasta el 15 de febrero. En caso contrario, sus funciones podrían suspenderse nuevamente.
Por su parte, la Casa Blanca confirmó este jueves que Donald Trump firmará el proyecto de ley de seguridad fronteriza y declarará el estado de emergencia nacional para financiar el muro en la frontera con México.
«El presidente Trump firmará el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno y, como lo dijo anteriormente, tomará también otras medidas ejecutivas, incluida la [declaración de] emergencia nacional, para garantizar la seguridad nacional y detener la crisis humanitaria en la frontera», señaló en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
La declaración de emergencia nacional permitiría al mandatario estadounidense redirigir fondos de otras partidas gubernamentales para financiar su proyecto sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso de EE.UU.
En diciembre pasado, tras la falta de acuerdo, la Administración debió suspender sus actividades durante 35 días, situación que dejó a casi un millón de empleados públicos sin cobrar sus salarios.
