Santiago.- El Programa de Medicamentos de Alto Costo en República Dominicana enfrenta un intenso debate en torno a su efectividad. Mientras el Gobierno destaca avances en cobertura y presupuesto, pacientes, médicos y opositores denuncian fallos graves que han causado muertes por falta de acceso a tratamientos esenciales.
Avances según el Gobierno
La Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) del Ministerio de Salud Pública asegura que el programa es un éxito. Su director, Carlos Sánchez, afirmó que la cobertura creció de 2,500 pacientes en 2020 (con RD$2,786 millones) a 7,400 en 2025 (con RD$7,313 millones), incluyendo 1,222 pacientes oncológicos. Además, se garantiza stock hasta 2026, se redujeron requisitos burocráticos en un 33%, y se implementaron herramientas digitales como un asistente virtual por WhatsApp y un portal en línea. Una licitación de RD$3,020 millones cubre necesidades de agosto a diciembre de 2024, y farmacias como la del Hospital Robert Reid Cabral fueron remodeladas para agilizar entregas. El programa beneficia a 16,530 personas con una inversión anual superior a RD$8,000 millones.
Denuncias de Crisis
Por su parte, la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM), liderada por la doctora Ángela Margarita Cabreja, denuncia una «crisis sin precedentes». Pacientes llevan hasta un año sin recibir medicamentos, lo que ha resultado en fallecimientos por cáncer y otras enfermedades graves. El expresidente Danilo Medina criticó el «deterioro» del programa, creado para apoyar a familias pobres con enfermedades catastróficas, y cuestionó su posible eliminación.
Contexto y Desafíos
Medios como El Nuevo Diario destacan la presión financiera global por el alto costo de fármacos innovadores, exacerbada por patentes. Las quejas apuntan a demoras en licitaciones y distribución, aunque no hay evidencia reciente de corrupción. Un decomiso de materia prima irregular el 25 de septiembre refleja esfuerzos contra el comercio ilícito.
El contraste entre las mejoras reportadas y las denuncias de pacientes revela un programa bajo presión. La politización del debate no debe opacar la urgencia de garantizar acceso equitativo a tratamientos vitales. La ciudadanía y los expertos exigen soluciones inmediatas para evitar más tragedias.
