En 2017, miles de ciudadanos vestidos de verde tomaron las calles contra la corrupción y la impunidad. La Marcha Verde se convirtió en un símbolo de indignación, pero sus ataques se concentraron principalmente en el PLD.
Hoy, el PRM gobierna y los antiguos voceros verdes guardan un silencio ensordecedor. ¿Dónde están sus voces ahora que los problemas son más graves y el pueblo exige soluciones reales?
El sistema eléctrico colapsa. Apagones paralizan hogares y producción. Mantener y proteger la planta de Punta Catalina es vital; dañarla o venderla sería un error que la nación no puede permitirse. Urge invertir en obras que mejoren el servicio y reduzcan la facturación elevada.
La salud y educación siguen en crisis. Hospitales sin insumos, aulas insuficientes, desaparición de tandas extendidas, alimentos de baja calidad y falta de útiles escolares dejan a familias y estudiantes desamparados. El alto costo de la vida y la inseguridad completan un panorama que asfixia al pueblo.
La lucha contra la corrupción ha sido desigual. Durante los últimos ocho años del PLD, los verdes alzaban la voz señalando funcionarios. Hoy, pese a más de 200 casos de corrupción supuestamente sometidos por la Dirección de Ética, no hay sanciones efectivas. Muchos funcionarios permanecen impunes. La indignación verde fue selectiva y coyuntural. El gobierno también contrae préstamos sin transparencia, mientras los problemas básicos permanecen sin resolver. La deuda crece y los recursos no demuestran inversión en favor del pueblo. Esta opacidad genera desconfianza y evidencia prioridades equivocadas.
El PLD, como oposición responsable, señala estas fallas y exige respuestas. Callar ante la crisis no es neutralidad: es complicidad. La verdadera transformación requiere coherencia, valentía y liderazgo comprometido. Por esa razón, debemos buscar soluciones contundentes, ya que el mayor afectado antes este mal manejo de la crisis que vivimos es el pueblo dominicano, en ese sentido es importante que se debe proteger y mantener en el sector eléctrico, la planta de Punta Catalina, modernizar la infraestructura eléctrica y optimizar la distribución para reducir apagones. Establecer tarifas justas y subsidiadas para los hogares de menores ingresos, asegurando que los más pobres no paguen un servicio deficiente a precios elevados.
Garantizar hospitales equipados, suficientes medicamentos en las farmacias del pueblo y capacitar el personal en todas las regiones. Implementar programas de salud comunitaria y clínicas móviles en zonas rurales y barrios marginados, priorizando a quienes carecen de acceso a servicios básicos.
Restablecer con seriedad las tandas extendidas para que las madres trabajadoras tengan dónde dejar a sus hijos. Mejorar la calidad nutricional de los alimentos escolares y garantizar útiles y uniformes gratuitos. Construir y equipar aulas adicionales para reducir el hacinamiento y aumentar la cobertura en zonas vulnerables. Programas de formación docente y educación inclusiva para asegurar equidad en la enseñanza.
Implementar programas de capacitación para la motivación de la mano de obra en el sector agrícola. Apoyar la producción nacional y los mercados locales para abaratar precios y garantizar acceso a alimentos básicos.
Fortalecer la policía, incrementar presencia en barrios vulnerables y aplicar justicia efectiva, con énfasis en la protección de los ciudadanos más desprotegidos.
Asegurar que todos los casos denunciados por la Dirección de Ética se investiguen y sancionen de manera efectiva, sin excepción ni discriminación política. Publicar informes detallados de los préstamos y la inversión del Estado, con auditorías abiertas a la ciudadanía, para que los recursos lleguen realmente a quienes más los necesitan.
Fomentar microcréditos y programas de emprendimiento para pequeños productores y comerciantes de barrios pobres. Incentivar la creación de empleos dignos y salarios justos, priorizando a mujeres, jóvenes y comunidades marginadas.
Promover consejos comunitarios y mecanismos de vigilancia social que permitan a los ciudadanos supervisar la ejecución de políticas públicas, asegurando que los programas lleguen a los sectores más necesitados.
* El autor es abogado y dirigente del PLD.
