El reglamento también establece que las entidades públicas deberán continuar cumpliendo las normas sobre contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y acceso a la información pública.
Principales novedades e impactos institucionales
Entre las principales medidas figura la obligación de que las entidades del Poder Ejecutivo cuenten con un informe de evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
Asimismo, el Ministerio podrá coordinar licitaciones conjuntas entre diferentes instituciones públicas, con el propósito de aprovechar economías de escala y optimizar el gasto estatal.
El decreto también crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
En materia de soberanía digital, la normativa establece requisitos de portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica de las soluciones tecnológicas. Además, prohíbe las cláusulas contractuales o diseños que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control del Estado sobre sus datos.
En cuanto al uso de inteligencia artificial, las contrataciones que incluyan algoritmos o sistemas automatizados deberán cumplir criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia.
Con esta medida, el Ministerio de Administración Pública reafirma su compromiso con la modernización de la gestión pública y el desarrollo de un Gobierno Digital más eficiente, transparente y orientado a las necesidades de la ciudadanía.
