El incremento de 200 pesos en el costo del certificado de No antecedentes penales, dispuesto por la Procuraduría General de la República, ha generado críticas en las redes sociales, principalmente porque no emitieron un aviso previo a la ciudadanía.
Con esta medida, el precio del certificado pasó de 600 a 800 pesos, lo que representa un aumento del 33 % para la obtención del documento, también conocido como «papel de buena conducta», requerido con frecuencia para fines laborales, migratorios y otros trámites.
Durante el período enero-diciembre del 2025, un total de 742,989 ciudadanos solicitaron el papel que tenía un valor de 600 pesos, lo que generó ingresos superiores a 445.7 millones de pesos, por encima a los 431.7 millones de pesos recaudados en igual período de 2024, según las estadísticas internas.
El segundo servicio que más ingresos le aportó a la entidad fue la legalización de documentos notariales, con más de 146.5 millones de pesos recaudados en 2025.
En total, la Procuraduría está facultada para ofrecer más de 10 servicios a la ciudadanía, los cuales generaron ingresos superiores a 866.5 millones de pesos el año pasado.
