A partir de este 3 de julio de 2026, los dominicanos nos enfrentamos a una nueva realidad financiera en el ecosistema bancario. La entrada en vigencia del incremento del impuesto a la emisión de cheques y transferencias electrónicas a terceros, que pasa del 0.15% al 0.20% según lo dictado por la reciente Ley No. 30-26, abre un debate necesario sobre la coherencia de nuestras políticas fiscales.
El argumento oficial detrás de la legislación aprobada por el Congreso Nacional el mes pasado sostiene que este ajuste forma parte de un paquete de medidas orientadas al «crecimiento económico» y la «simplificación fiscal». Sin embargo, cuando se desmenuza la letra chica de a qué aplica realmente este incremento, el discurso de la simplificación choca de frente con la cotidianidad del ciudadano y del microempresario.
El aumento no solo toca al ya rezagado cheque en papel; impacta directamente al corazón de la transaccionalidad moderna: transferencias electrónicas para pagos de préstamos, tarjetas de crédito, movimientos a cuentas de terceros (incluso dentro del mismo banco) y transferencias entre cuentas personales y mancomunadas. Sorprendentemente, alcanza hasta a los retiros en cajeros automáticos realizados por terceros mediante códigos. En resumen: cualquier intento de dinamizar el dinero digitalmente ahora costará más.
Aquí radica la gran contradicción de la medida. Por un lado, el Estado y el sector financiero han invertido años y recursos en educar a la población para bancarizarla, promoviendo el abandono del efectivo por razones de seguridad, eficiencia y formalización de la economía. Por el otro, aplicar un gravamen más alto a los canales digitales funciona como un desincentivo inmediato. Cuando mover el dinero electrónico se vuelve más costoso, el efectivo —ese rival informal, invisible y difícil de fiscalizar— vuelve a ganar atractivo para las transacciones del día a día.
Para el ciudadano de a pie, un incremento de 0.05 puntos porcentuales puede parecer marginal en una sola operación. Pero en el agregado mensual de una pequeña empresa o de un hogar que paga servicios, proveedores, tarjetas y préstamos de forma digital, se transforma en un goteo constante que mermará el poder adquisitivo.
Si el objetivo real de la Ley No. 30-26 es el crecimiento económico, penalizar los flujos digitales parece el camino equivocado. La verdadera simplificación fiscal no debería consistir en automatizar aumentos que encarecen el uso de los servicios bancarios, sino en ensanchar la base contributiva y desmantelar la burocracia.
A partir de mañana, la aplicación automática de este 0.20% nos recordará, con cada clic de «transferir», que en el camino hacia la modernización financiera, el usuario sigue asumiendo el costo más alto. Queda por ver si la recaudación a corto plazo compensará el posible retroceso en la inclusión digital que tanto ha costado construir.
