UNO DE TRES
La soberanía es un concepto que solemos pronunciar con solemnidad, pero pocas veces examinamos con rigor. Como politólogo, profesor de historia y abogado, sostengo que la soberanía dominicana —aunque constitucionalmente plena— vive hoy un proceso de erosión silenciosa, producto tanto de presiones externas como de decisiones internas que han redefinido el margen real de autodeterminación del Estado.
No escribo desde la pasión partidaria, sino desde la responsabilidad intelectual y jurídica que exige mirar el país sin vendas ni complacencias. El derecho internacional contemporáneo reconoce que la soberanía estatal no es absoluta. Está limitada por: Los tratados válidamente ratificados. Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la correlación de fuerzas geopolíticas.
Sin embargo, también se establece que la determinación de la nacionalidad, la política migratoria y el control territorial son competencias exclusivas del Estado. Así lo consagra la Convención de La Haya de 1930 y lo han reafirmado la Suprema Corte de Justicia (Sentencia 9/2005) y el Tribunal Constitucional (TC/0256‑14).
A pesar de ello, la República Dominicana ha sido objeto de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han intentado redefinir aspectos esenciales de nuestra política migratoria y de nacionalidad. Casos como Yean y Bosico, Dorzema, Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas y Benito Tide Méndez constituyen precedentes que, en la práctica, buscan limitar la potestad soberana del Estado dominicano.
La pregunta es inevitable: -¿Hasta dónde un Estado puede aceptar decisiones internacionales que contradicen su propio orden constitucional sin comprometer su soberanía? (busca la respuesta)
Seria mezquino de mi parte el no reconocer que en la defensa física de la soberanía no ha así, en lo jurídico político, el gobierno del presidente Luis Abinader ha realizado acciones y las presenta como logros fundamentales: La Verja Perimetral Inteligente, la modernización militar y la creación de puertos secos como “muro económico”.
Estas medidas, aunque relevantes para la seguridad fronteriza, no agotan la defensa de la soberanía. La soberanía no solo se protege con muros y sensores; también se protege con doctrina jurídica, con diplomacia firme y con coherencia institucional.
DOS DE TRES
SOBERANÍA EN SUSPENSO (II)
Presiones externas, contradicciones internas y ausencia de doctrina de Estado
Y es precisamente ahí donde observo la mayor debilidad del gobierno actual y su partido: una aceptación acrítica de presiones internacionales, especialmente en materia migratoria y de derechos humanos, incluso cuando estas chocan con decisiones del Tribunal Constitucional dominicano. El resultado es una soberanía defendida en la frontera, pero debilitada en los tribunales internacionales y en la mesa diplomática.
Desde mi doble formación jurídica y politológica, sostengo que la soberanía dominicana se ve vulnerada hoy por cuatro factores: El primero tiene que ver con la contradicción entre el orden constitucional y la práctica diplomática. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la aceptación de la competencia de la Corte IDH. Sin embargo, el gobierno continúa actuando como si esa competencia fuera plenamente válida.
El segundo factor es la presión internacional sobre la política migratoria. Organismos externos han intentado imponer (es más han impuesto) criterios sobre quién es dominicano, lo cual constituye una intromisión directa en un atributo esencial del Estado.
Este tercer factor es demoledor y se trata de la dependencia geopolítica. La política exterior dominicana sigue orbitando alrededor de los intereses de Estados Unidos, lo que reduce el margen de maniobra del país en temas estratégicos.
El cuarto factor desde mi óptica ha sido la ausencia de una doctrina de Estado coherente tan simple pero complejo como eso. Mientras se habla de soberanía moderna, se cede terreno en ámbitos donde la Constitución exige firmeza, es por esta razón que planteo que el Estado dominicano no debe estar al margen de doctrinas que nuestra región desarrolló y que hoy parecen relegadas y olvidadas como son: Doctrina Calvo: los conflictos deben resolverse en tribunales nacionales, Doctrina Drago: ningún Estado puede ser forzado a aceptar decisiones externas y la Doctrina Estrada: rechaza la injerencia en asuntos internos.
Estas doctrinas, pilares del derecho internacional americano, deberían guiar la política exterior dominicana, pero han sido sustituidas por una diplomacia reactiva y complaciente.
Esto se evidencia en la última decisión de nuestro gobierno aceptar sin reservas la llegada de personas de otras nacionalidades que, tras cumplir condenas por delitos graves en Estados Unidos, son deportadas hacia nuestro territorio— constituye un punto de inflexión que merece un análisis crítico.
TRES DE TRES
SOBERANÍA EN SUSPENSO (III)
Seguridad nacional, subordinación geopolítica y el deber de recuperar una doctrina de Estado
Como abogado y politólogo, debo decirlo con claridad: esta decisión vulnera directamente la soberanía y compromete la seguridad nacional.
No existe obligación jurídica internacional que obligue a la República Dominicana a recibir en su territorio a personas que no son dominicanas, que no tienen vínculos legales con el país y que han sido condenadas por crímenes cometidos en otra jurisdicción.
Aceptar esa imposición equivale a renunciar a un principio básico del derecho internacional: ningún Estado está obligado a admitir extranjeros indeseables o peligrosos.
Desde mi perspectiva profesional, esta decisión: Desconoce la potestad soberana del Estado para controlar quién entra a su territorio. Crea un precedente peligroso, pues abre la puerta a que otros países utilicen a la República Dominicana como depósito de personas que desean expulsar. Compromete la seguridad ciudadana, al introducir individuos con historial criminal sin un proceso previo de evaluación, negociación o rechazo y Refleja una actitud de subordinación geopolítica, incompatible con la dignidad de un Estado soberano.
Como dominicano, como jurista y como politólogo, me preocupa profundamente que esta medida se haya asumido sin debate público, sin consulta institucional y sin una estrategia clara de protección nacional.
Quiero al concluir este enfoque sobre lo que pienso de nuestra soberanía que no está abolida, pero sí en suspenso, que se diluye cuando el Estado deja de ejercer plenamente sus competencias esenciales. Se erosiona cuando se acepta como normal lo que debería ser inaceptable. Y se compromete cuando la defensa territorial no va acompañada de una defensa jurídica y diplomática coherente.
Como profesor de historia, politólogo y abogado, afirmo que la República Dominicana necesita recuperar una doctrina de Estado, no de gobierno. Una doctrina que coloque la Constitución por encima de la presión internacional. Una doctrina que entienda que la soberanía no es un discurso: es una práctica diaria que exige firmeza, claridad y coraje político.
* El autor es Profesor de Historia – Politólogo con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas – Abogado
