En este año 2026 deberán ser evaluados 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, Henry Molina, quien cumplirá el próximo mes de abril siete años desde que fue seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entonces presidido por el jefe de Estado Danilo Medina, en 2019.
Junto a Molina, otros siete magistrados también concluirán en abril su primer período constitucional, lo que obliga al CNM a examinar su desempeño en esa alta corte, conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Constitución.
Asimismo, también en ese mes, los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez Mena alcanzarán un ejercicio acumulado de 14 años, equivalente a dos períodos, por lo que igualmente deberán ser sometidos a evaluación.
Hasta el momento, el Consejo Nacional de la Magistratura no ha sido convocado para llevar a cabo este proceso.
El CNM, actualmente encabezado por el presidente Luis Abinader, evaluará además a los jueces Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo A. Bello Ferreras, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico.
Lo que opina Finjus
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que la evaluación tiene “un carácter estrictamente personal y periódico” para cada juez, por lo que no se transforma en una evaluación colectiva por la coincidencia temporal de varios magistrados que culminan su primer período de siete años.
Argumentó que la Ley núm. 138-11, del CNM, en su artículo 24, reafirma que la designación y ratificación de los jueces de la SCJ corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, sin prever evaluaciones conjuntas ni extraordinarias fuera del marco constitucional.
De igual modo, señaló que la Ley de Carrera Judicial regula de forma separada el régimen de jubilación de los jueces de ese alto tribunal, “estableciendo la jubilación facultativa a los setenta años y obligatoria a los setenta y cinco, sin vincularla al sistema de evaluación de desempeño”. Ninguno de los once jueces alcanza los 70 años de edad.
“En consecuencia, aun cuando los jueces ratificados en 2019 deben ser evaluados nuevamente al cumplirse su segundo período de siete años, dicha evaluación debe realizarse de manera individual y conforme a su propio ciclo constitucional, sin que exista fundamento constitucional o legal para que dicha evaluación se realice de forma conjunta con la de los jueces que culminan su primer período de siete años, salvo que coincidan exactamente en el término de su respectivo período constitucional”, subrayó.
Conformación de CNM
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está integrado por ocho miembros e incluye al presidente de la República, quien lo encabeza y tiene voto calificado.
Además del mandatario, lo conforman los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos del partido oficialista.
También lo integran un senador y un diputado escogidos por el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, que pertenezcan al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, y que ostenten la representación de la segunda mayoría.
Completan el CNM el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un juez de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma; y el presidente del Tribunal Constitucional.
Si no confirmanEn caso de que el presidente de la SCJ, Henry Molina, y los demás 10 jueces de esa alta corte no sean confirmados en este año 2026, el Pleno sería casi totalmente renovado por un CNM de mayoría oficialista. Cinco nuevos magistrados fueron seleccionados el pasado año, y el juez Francisco Ortega Polanco, escogido en 2011, fue confirmado en enero de 2021.
Entre los casos más sonados conocidos por algunos de los jueces que serán evaluados figuran Odebrecht, así como las acusaciones contra el actual senador Félix Bautista y otras seis personas, imputados de supuesta corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado.
En este año 2026 deberán ser evaluados 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, Henry Molina, quien cumplirá el próximo mes de abril siete años desde que fue seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entonces presidido por el jefe de Estado Danilo Medina, en 2019.
Junto a Molina, otros siete magistrados también concluirán en abril su primer período constitucional, lo que obliga al CNM a examinar su desempeño en esa alta corte, conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Constitución.
Asimismo, también en ese mes, los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez Mena alcanzarán un ejercicio acumulado de 14 años, equivalente a dos períodos, por lo que igualmente deberán ser sometidos a evaluación.
Hasta el momento, el Consejo Nacional de la Magistratura no ha sido convocado para llevar a cabo este proceso.
El CNM, actualmente encabezado por el presidente Luis Abinader, evaluará además a los jueces Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo A. Bello Ferreras, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico.
Lo que opina Finjus
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que la evaluación tiene “un carácter estrictamente personal y periódico” para cada juez, por lo que no se transforma en una evaluación colectiva por la coincidencia temporal de varios magistrados que culminan su primer período de siete años.
Argumentó que la Ley núm. 138-11, del CNM, en su artículo 24, reafirma que la designación y ratificación de los jueces de la SCJ corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, sin prever evaluaciones conjuntas ni extraordinarias fuera del marco constitucional.
De igual modo, señaló que la Ley de Carrera Judicial regula de forma separada el régimen de jubilación de los jueces de ese alto tribunal, “estableciendo la jubilación facultativa a los setenta años y obligatoria a los setenta y cinco, sin vincularla al sistema de evaluación de desempeño”. Ninguno de los once jueces alcanza los 70 años de edad.
“En consecuencia, aun cuando los jueces ratificados en 2019 deben ser evaluados nuevamente al cumplirse su segundo período de siete años, dicha evaluación debe realizarse de manera individual y conforme a su propio ciclo constitucional, sin que exista fundamento constitucional o legal para que dicha evaluación se realice de forma conjunta con la de los jueces que culminan su primer período de siete años, salvo que coincidan exactamente en el término de su respectivo período constitucional”, subrayó.
Conformación de CNM
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está integrado por ocho miembros e incluye al presidente de la República, quien lo encabeza y tiene voto calificado.
Además del mandatario, lo conforman los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos del partido oficialista.
También lo integran un senador y un diputado escogidos por el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, que pertenezcan al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, y que ostenten la representación de la segunda mayoría.
Completan el CNM el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un juez de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma; y el presidente del Tribunal Constitucional.
Si no confirmanEn caso de que el presidente de la SCJ, Henry Molina, y los demás 10 jueces de esa alta corte no sean confirmados en este año 2026, el Pleno sería casi totalmente renovado por un CNM de mayoría oficialista. Cinco nuevos magistrados fueron seleccionados el pasado año, y el juez Francisco Ortega Polanco, escogido en 2011, fue confirmado en enero de 2021.
Entre los casos más sonados conocidos por algunos de los jueces que serán evaluados figuran Odebrecht, así como las acusaciones contra el actual senador Félix Bautista y otras seis personas, imputados de supuesta corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado.
