A menos de un mes de que entre en vigencia el nuevo Código Penal, un proyecto de ley sometido al Senado propone modificar 19 de sus artículos para restablecer la protección penal a las informaciones veraces sobre asuntos de interés público, ampliar el delito de malversación de fondos públicos para incluir el desvío fraudulento de partidas presupuestarias y revisar disposiciones sobre hostigamiento, delitos sexuales, abandono de menores y otras figuras penales.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, mientras transcurre la vacatio legis de la Ley 74-25, que concluye el próximo 2 de agosto.
Delitos contra el honor
Uno de los cambios de mayor trascendencia recae sobre los delitos contra el honor. El Código Penal promulgado este año eliminó la exceptio veritatis, principio que durante décadas contempló la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y que permitía, en determinados casos, demostrar la veracidad de una imputación como defensa frente a una acusación por difamación.
El proyecto procura recuperar ese criterio mediante una fórmula distinta. Mientras el Código vigente tipifica la difamación y enumera determinadas exclusiones de responsabilidad, la propuesta establece que no constituirán difamación las expresiones, opiniones o críticas sobre actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y otros asuntos de interés público cuando estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información. Conserva, además, las exclusiones para los discursos pronunciados en el Congreso, las actuaciones judiciales y las reseñas periodísticas de las sesiones públicas legislativas.
Malversación
La otra modificación de mayor impacto afecta el delito de malversación de fondos públicos. El Código aprobado sanciona al funcionario que utilice fraudulentamente recursos públicos en provecho propio o de terceros. El proyecto amplía la sanción para penalizarla con cinco a 10 años de prisión mayor y multa de cuatro a 10 veces el monto involucrado en la operación.
A menos de un mes de que entre en vigencia el nuevo Código Penal, un proyecto de ley sometido al Senado propone modificar 19 de sus artículos para restablecer la protección penal a las informaciones veraces sobre asuntos de interés público, ampliar el delito de malversación de fondos públicos para incluir el desvío fraudulento de partidas presupuestarias y revisar disposiciones sobre hostigamiento, delitos sexuales, abandono de menores y otras figuras penales.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, mientras transcurre la vacatio legis de la Ley 74-25, que concluye el próximo 2 de agosto.
Delitos contra el honor
Uno de los cambios de mayor trascendencia recae sobre los delitos contra el honor. El Código Penal promulgado este año eliminó la exceptio veritatis, principio que durante décadas contempló la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y que permitía, en determinados casos, demostrar la veracidad de una imputación como defensa frente a una acusación por difamación.
El proyecto procura recuperar ese criterio mediante una fórmula distinta. Mientras el Código vigente tipifica la difamación y enumera determinadas exclusiones de responsabilidad, la propuesta establece que no constituirán difamación las expresiones, opiniones o críticas sobre actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y otros asuntos de interés público cuando estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información. Conserva, además, las exclusiones para los discursos pronunciados en el Congreso, las actuaciones judiciales y las reseñas periodísticas de las sesiones públicas legislativas.
Malversación
La otra modificación de mayor impacto afecta el delito de malversación de fondos públicos. El Código aprobado sanciona al funcionario que utilice fraudulentamente recursos públicos en provecho propio o de terceros. El proyecto amplía la sanción para penalizarla con cinco a 10 años de prisión mayor y multa de cuatro a 10 veces el monto involucrado en la operación.
