Santo Domingo.- Representantes del sector empresarial, agrupados en la Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), informaron hoy que interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Las entidades empresariales explicaron que la acción legal busca que dichos artículos sean declarados no conformes con la Constitución, al considerar que imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que pone en riesgo su sostenibilidad, la generación de empleos y la competitividad del aparato productivo nacional.
“Cargas desproporcionadas para las Mipymes”
El presidente de Codopyme, Fernando Pinales, afirmó que el sector empresarial respalda la protección del medioambiente y una gestión responsable de los residuos, pero advirtió que la normativa impugnada establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos, sin relación directa con la cantidad real de residuos generados por las empresas.
“Estamos totalmente de acuerdo con la protección ambiental, pero no con un esquema que desconoce la realidad de las Mipymes y les impone cargas que no guardan proporción con su capacidad operativa ni con su nivel de generación de residuos”, expresó Pinales.
Indicó que este nuevo esquema ha provocado incrementos de hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la legislación anterior.
Incrementos de hasta 500 %
Pinales detalló que una empresa que antes pagaba RD$500 por ventas de hasta un millón de pesos, ahora deberá pagar RD$3,000, lo que representa un aumento superior al 500 %.
En el caso de empresas con ventas entre uno y diez millones de pesos, que anteriormente pagaban entre RD$1,500 y RD$5,000, ahora deberán pagar RD$6,000, con incrementos que oscilan entre un 20 % y un 300 %.
Según explicaron los representantes empresariales, estos aumentos están siendo aplicados a todas las empresas que reportan impuestos, ya que las nuevas tarifas, penalidades y modificaciones introducidas por la ley están siendo consideradas en las declaraciones fiscales.
Impacto en la libertad de empresa y el empleo
De su lado, Ángelo Viro, representante de la Aneih, sostuvo que la normativa impugnada constituye una amenaza directa a la libertad de empresa y a la generación de empleos.
“Esta ley busca limitar la actividad empresarial, sumar más cargas a quienes dinamizan la economía dominicana y, como consecuencia, incentivar la informalidad”, afirmó Vido.
Advirtió que el impacto no se limita al sector empresarial, sino que puede afectar de manera directa a la economía nacional, al reducir la competitividad y frenar la inversión.
Comercios y retailers también afectados
La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) también se sumó a la acción de inconstitucionalidad. Su representante, Jennifer Troncoso, indicó que la normativa afecta de manera transversal a todos los negocios, con especial impacto en los comercios formales y los retailers dominicanos.
“Esta ley impacta directamente los costos operativos de los comercios, lo que inevitablemente se trasladará a los precios finales que pagan los consumidores”, explicó Troncoso.
Advertencia sobre cierre de empresas
Las organizaciones empresariales coincidieron en advertir que, de no corregirse la situación, muchas empresas podrían verse obligadas a cerrar operaciones, con consecuencias negativas para el empleo, la competitividad y el crecimiento económico del país.
“Si no se presta atención a este reclamo en el Tribunal Constitucional, el impacto será para toda la ciudadanía, no solo para los empresarios, debido al aumento de costos y la pérdida de empleos”, concluyeron.
